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Dom, May

Cuenca minera

a Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia que estima la demanda interpuesta por Ecologistas en Acción contra una resolución de la Junta de Andalucía que avalaba la autorización de la propia administración autonómica de reinicio de los trabajos y del plan de restauración en la concesión de explotación de sulfuros polimetálicos en Minas de Riotinto, promovida entonces por Emed Tartessus, actualmente Atalaya Riotinto Minera.

En concreto, el recurso que estima el alto tribunal andaluz fue interpuesto por Ecologistas en Acción contra la resolución de 29 de julio de 2015 de la entonces Consejería de Empleo, Empresa y Comercio por el que se desestimaba el recurso de alzada formulado contra la resolución de 23 de enero de ese mismo año de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de autorización de reinicio de los trabajos y del citado plan de restauración.

Según ha explicado este viernes Ecologistas en Acción en un comunicado, esta sentencia del TSJA es "consecuencia directa de la que dictó el Tribunal Supremo el pasado 21 de marzo de 2019, que confirmó la firmeza de otra sentencia de la misma sección y sala del TSJA, del 19 de septiembre de 2018, que anuló la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de 27 de marzo de 2014 del proyecto de explotación".

"Es decir, actualmente el complejo minero de Atalaya Riotinto Minera no dispone ya ni de autorización ambiental ni de autorización minera para seguir funcionando", según subraya Ecologistas en Acción, que remarca además que "todas estas sentencias han sido fruto del trabajo incansable de denuncia de Antonio Ramos González, responsable andaluz del área minera de Ecologistas en Acción, fallecido esta misma semana".

La sentencia, consultada por Europa Press, esgrime que la Ley 7/2007, de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía, "exige la Autorización Ambiental Unificada para las explotaciones mineras", y al respecto recuerda que la misma sala del TSJA, en una sentencia fechada el 19 de septiembre de 2018, anuló la resolución de marzo de 2014 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que otorgaba dicha AAU al proyecto de explotación Río Tinto, promovido entonces por Emed Tartessus.

SIN AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
Dicha sentencia de 2018 "ha adquirido firmeza al haber sido inadmitido el recurso de casación formulado contra la misma, por providencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2019", según recuerda la Sección Primera de la Sala de lo contencioso administrativo del TSJA, que, de esta manera, ratifica que actualmente "se carece de dicha autorización ambiental" que es "necesaria" para "poder otorgarse la autorización de reinicio de los trabajos mineros".

Al respecto, Ecologistas en Acción subraya que esta sentencia del TSJA "no admite las falsedades que quiso introducir el entonces delegado de Conocimiento y Empleo de Huelva, Manuel Ceada, que el 5 de diciembre de 2018, inmediatamente después de las elecciones andaluzas, intentó desacreditar la primera sentencia del TSJA en base a una modificación de la AAU que supuestamente sustituía a la AAU anulada".

Al respecto, la nueva sentencia del TSJA sostiene que "la resolución de 17 de octubre de 2018 acuerda una modificación sustancial en algunos aspectos de la Autorización Ambiental Unificada anulada por sentencia, pero no puede ser entendida como nueva y completa aprobación de Autorización Ambiental, por lo que no puede suplir a la anterior anulada".

"En definitiva --continúa la sentencia del TSJA--, tras la anulación de la Autorización Ambiental Unificada, otorgada con carácter previo a la autorización de reinicio de los trabajos, se carece de la referida autorización ambiental necesaria para el otorgamiento de la autorización impugnada de reinicio de los trabajos mineros, por lo que procede estimar el recurso" de Ecologistas en Acción.

ECOLOGISTAS: "VARAPALO" AL ANTERIOR GOBIERNO ANDALUZ
Para esta organización, "el varapalo al anterior Gobierno andaluz y a las consejerías implicadas, competentes en Medio Ambiente y Minas, es manifiesto" con esta sentencia, contra cuyo fallo "cabe la posibilidad de un nuevo recurso de casación ante el Tribunal Supremo" que, para Ecologistas, "caben pocas dudas de será igualmente inadmitido" si se interpone.

Desde Ecologistas recuerdan que, "hace apenas tres semanas", su representante Antonio Ramos advertía de que "la anulación firme de la AAU y el serio riesgo de rotura catastrófica de las balsas de lodos del complejo minero deberían conducir a una paralización cautelar de la actividad minera, para evitar un desastre ambiental de dimensiones diez veces mayor que las que produjo la rotura de las balsas de Aznalcóllar (Sevilla) en abril de 1998".

"Una rotura de estas balsas afectaría gravemente a toda la cuenca del Odiel hasta su desembocadura en la capital onubense, con especial riesgo de inundación en zonas de Gibraleón y de Huelva", según Ecologistas, quien tacha de "grave" que el ex delegado de la Junta Manuel Ceada, "concejal de Gibraleón entre 2003 y 2011, haya intentado falsear la realidad de los hechos ante el TSJA, a pesar del grave riesgo que las balsas de lodos de Atalaya Riotinto Minera entrañan para esa misma localidad".

Durante "toda la tramitación" y "desde su puesta en marcha en 2015, Ecologistas en Acción siempre ha puesto en duda que el Proyecto Riotinto pueda garantizar la seguridad de sus grandes presas de lodos durante los diez años de vida útil autorizados por la anulada AAU".

Ecologistas explica que, "desde 2015, se están reutilizando" las referidas balsas por Atalaya Riotinto Minera, "para almacenar los nuevos residuos mineros de la producción minera reiniciada, y se han ejecutado recrecimientos y modificaciones de las balsas de Cobre y Aguzadera, incumpliendo las propias condiciones que se establecían en la AAU anulada, poniéndolas en grave riesgo de rotura".

Según critica Ecologistas, "en noviembre de 2018, el Gobierno de Susana Díaz autorizó una modificación de la AAU para disminuir el contenido en sólidos de los lodos, desde el 50% hasta el 35%, legalizando una práctica que ya estaba realizando la empresa sin autorización, y poniendo en serio peligro la estabilidad de las balsas".