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Sáb, Oct

COSTA

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha asegurado este jueves que, ante el problema del sector de la chirla, "hay que cumplir la ley, los informes técnicos y seguir trabajando", así como ha dejado clara la voluntad y disposición de la administración regional para abordar con el sector las soluciones para este pesquería.

Así lo ha puesto de manifiesto Sánchez Haro en respuesta a una pregunta parlamentaria del presidente del PP de Huelva y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Manuel Andrés González, quien le ha reprochado al consejero "los engaños" de la Junta a este colectivo.

El consejero, que ha remarcado las mesas de trabajo y distintos encuentros mantenidos entre el sector y la Junta de Andalucía, ha destacado que la interlocución es "permanente" y "se ha consolidado con una línea de ayudas dotada con 1,8 millones de euros para 2018 para compensar al sector por el cierre del caladero", clausurado desde el pasado mes de enero por motivos técnicos.

En esta misma línea, el consejero ha recordado que los informes del Instituto Español de Oceanografía (IEO) constatan "la recuperación lenta pero progresiva del caladero", de manera que hasta que los informes no lo determinen no se podrá reabrir el caladero.

De otro lado, Sánchez Haro ha indicado a González que "hay que asegurar la regeneración de la especie" para poder "darle una respuesta a las familias" de esta pesquería, al tiempo que ha indicado que de las 17 aleaciones presentadas por el sector para la orden de ayudas fueron aceptadas once, y el resto no se pudieron contemplar porque "no cumplían la normativa estatal y europea".

Igualmente, ha apuntado que la orden recoge ayudas de 500 euros por barco y 400 euros por tripulante, añadiendo que su departamento trabaja para "subsanar los errores" que se puedan dar para intentar que las ayudas lleguen al mayor número posible de familias.

Así las cosas, el consejero ha criticado la postura del PP porque, a su juicio, parece preocupado en "pescar algunos votos en aguas revueltas", y ha subrayado que la Junta solicitó ante el Ministerio del ramo la petición del sector para la reducción de la talla, aspecto
que fue rechazado por dicha administración.

"No nos podemos saltar los informes técnicos y científicos", ha enfatizado Sánchez Haro, que ha insistido en que su departamento se dedicará a "trabajar y cumplir la ley" para alcanzar un acuerdo y un modelo de gestión consensuado con el sector.

Por su parte, Manuel Andrés González le ha pedido al Gobierno andaluz que modifique la normativa para que el sector cuente con un plan de gestión que le dé sostenibilidad a esta pesquería, que está "al borde de la ruina". Ha recordado que el sector pide la reducción de la talla, un límite en las capturas diarias, y un horario de entrada y salida al objeto de poder realizar la pesca de manera efectiva.

En concreto, ha subrayado que de los 96 barcos afectados, 13 no las han solicitado; a 21 embarcaciones se les ha denegado y el resto, hasta 96, están pendientes de aportar nueva documentación que "en un principio no se había requerido". Así, ha señalado que la Junta "ni come ni deja comer", criticando "los engaños" a estos profesionales, a los que la Junta "da la espalda".

Finalmente, ha contrastado esta postura del Gobierno andaluz con la del presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, quien se reunió en Punta Umbría (Huelva) con los sectores de esta localidad e Isla Cristina, donde instó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a "cambiar la normativa" porque el sector "no puede esperar más".