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Dom, May

CAPITAL

La sección primera de la Audiencia de Huelva va a juzgar el próximo lunes, 6 de mayo, a una mujer por presuntamente defraudar a la Seguridad Social un total de 134.289,21 euros provenientes del cobro de la pensión de su padre, fallecido en 1996, que supuestamente ha venido cobrando hasta el año 2016, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) descubrió el supuesto fraude "al efectuar un control sobre pensionistas con fechas de supervivencia incoherentes" y procedió a dar de baja la pensión del fallecido.

Según reza el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press, este órgano judicial acusa a la mujer de un "delito de fraude de prestaciones" por el que pide cuatro años y diez meses de prisión y multa de 300.000 euros", y a "la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de seis años", así como a las costas derivadas del proceso.

Asimismo, la Fiscalía pide que la acusada indemnice "al INSS en la cuantía de 101.279,21 euros por las pensiones satisfechas y aún no reintegradas" y explica, "con perfecto conocimiento de que el único ingreso que se efectuaba en dicha cuenta era el abono de la pensión de jubilación de su padre, la cual era ingresada mensualmente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social", la mujer "no comunicó ni al INSS ni a la entidad financiera" el fallecimiento de su padre, el cual ocurrió el día 17 de junio de 1996.

Por ello, "desde la referida fecha ha venido enriqueciéndose cada mes en la cantidad correspondiente al importe de la pensión de su padre fallecido y disponiendo en multitud de ocasiones de la misma, bien a través de reintegros en cajeros automáticos o bien a través de compras realizadas con la tarjeta asociada a la cuenta señalada, tarjeta de la cual ella era la única titular", esgrime la Fiscalía.

Además, la Fiscalía expone que la acusada recibió el 30 de marzo de 2017 el oficio del INSS de 29 de marzo de 2017 por el que "se le comunicaba la correspondiente reclamación administrativa relativa a los hechos" supuestamente acontecidos y "se le informaba de que disponía de un plazo de 15 días para efectuar el ingreso de las pensiones indebidamente percibidas o para realizar alegaciones, sin que la acusada realizara ninguna de las dos cosas".